Colección Regulación de las Entidades del Sector Público

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  • Por: José Agustín González Ares

    Las Constituciones de la España Contemporánea

    15,20 €
    Índice:
    Nota del autor
    Capítulo I: Introducción
    Capítulo II: El estatuto de Bayona
    Capítulo III: La constitución de 1812
    Capítulo IV: El estatuto real
    Capítulo V: La constitución de 1837
    Capítulo VI: La constitución de 1845
    Capítulo VII: La constitución de 1869
    Capítulo VIII: El proyecto de constitución federal de 1873
    Capítulo IX: La constitución de 1876
    Capítulo X: Los proyectos constitucionales de 1929
    Capítulo XI: La constitución de 1931
    Capítulo XII: Las leyes fundamentales del franquismo
    Bibliografía
    Recopilaciones de textos constitucionales
  • Por: Jaime Rodríguez-Arana , Miguel Ángel Sendín García

    Las Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos

    20,00 €

    A pesar de que tradicionalmente no se ha prestado en el Derecho Administrativo español una gran atención a los problemas relativos a la organización pública, constituye ésta uno de los elementos esenciales de nuestra disciplina. En este sentido, hasta se puede afirmar que el problema de la eficacia de la Administración pública es una cuestión, simple y llanamente, de organización. De cómo se desplieguen los elementos materiales y personales de las estructuras administrativas va a depender en buena medida la consecución de los objetivos que definen la actuación del conjunto de las Administraciones públicas.

  • Por: Enrique Rivero Ysern, Marcos Fernando Pablo

    Equidad, Derecho Administrativo y Administración Pública en España

    20,00 €

    A modo de un simple ensayo sobre la equidad y el derecho administrativo en España, los autores realizan una reconstrucción del papel de la categoría histórica, a fin de dar cuenta de fenómenos actuales en los que la equidad es llamada implícitamente para dar respuesta a problemas (tales como la discriminación indirecta, o la necesidad de tutelar intereses en trance de constituirse como legítimamente protegidos) en los que la aplicación mecánica de la legalidad no ofrece una adecuada respuesta tuitiva a situaciones de hecho que reclaman la aplicación de los grandes valores constitucionales, los principios ordenadores de un sector de la actividad administrativa, o el propio principio del que la norma aplicada es portadora.

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